Durante
la manifestación pacífica que los habitantes de dichas comunidades realizaron en
las fuera de la alcaldía de Buenos Aires el pasado viernes, denunciaron que los
trabajadores chinos han llegado acompañados de dispositivos del Ejército de
Nicaragua y la Policía Nacional, para medir sus propiedades e informarles que
pronto serán reubicados, sin explicarles exactamente dónde
Esta
situación esta alimentado la zozobra en aquellos que residen en las zonas
costeras del Sur, puntos en donde operan hoteles de renombre mundial,
pertenecientes a empresarios nicaragüenses y extranjeros.
Los manifestantes
caminaron los seis kilómetros que separan la localidad de Tolesmayda del casco
urbano de la municipalidad de Buenos Aires. Con esta protesta, los campesinos se plantarion frente a los edificios de las
autoridades policiales y municipales, pero el diálogo con los mismos no fue
posible.
“Exigimos
a las autoridades de gobierno que den una respuesta a la población, porque fueron
electos con el voto de estas comunidades.
Queremos que salgan y le digan a esta gente la verdad (sobre las
expropiaciones)”, demandó Octavio Ortega, presidente de la Fundación de
Municipios de Rivas, Fundemur.
Ortega denunció que
las autoridades policiales están trabajando como operador político del
gobierno, para mediar entre los residentes de las zonas afectadas y los chinos
de HKND.
“En
la primera reunión que tuvimos en Santo Domingo Piche, a la que llegaron unas
250 personas, el teniente Bosco Orozco le dijo a la población que no se dejaran
engañar por la derecha, que el comandante (Daniel Ortega) y la compañera
(Rosario Murillo) no nos iban a dejar desamparados”, reveló.
Ortega
relató también que Martha Valdivia, segunda comisionada de la policía de Rivas,
lo citó personalmente para discutir el sentimiento de zozobra de las
comunidades que serán potencialmente afectadas por los sub proyectos del Gran
Canal.
Revelò
que la comisionada Baldivia le manifestó
que las autoridades están “muy preocupadas” por la seguridad de los asiáticos.
Muchos
pobladores han sido intimidados por la policía cuando estos no les han
permitido pasar. Les toman fotos, les piden sus nombres… una serie de presiones
a las que la población humilde no está acostumbrada”, denunciò Ortega.
Mientras
que Ronald Enríquez indicó que a su propiedad de trece manzanas, ubicada en
Tolesmayda y en donde produce lácteos y cultiva plátanos, llegaron policías en
compañía de un abogado, supuestamente enviado por el comandante Daniel Ortega,
para informarle que sus tierras serían desalojadas.
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