Gatonegro.com / Por Ángel López -“Rosa” tiene 62 años de edad, y planeaba jubilarse este
año, ella es profesora de educación primaria, profesión que dice adorar.
“Es
una vocación que nació en mí desde muy joven, por eso dudé mucho en jubilarme a
los 55 años a como lo estipula la ley”, expresa esta educadora quien ejerció la
docencia por más de 35 años en una comunidad rural en San Rafael del Norte en
el departamento de Jinotega, luego fue promovida a supervisora del ministerio
de Educación, puesto en el que devenga nueve mil córdobas (270 dólares
aproximadamente). Aceptó hablar de su caso con la condición que omitiéramos su
verdadero nombre por temor a represalias pues trabaja para el gobierno.
“Nunca imagine algo así, que una reforma al seguro social
me perjudicaría tanto, ahora me arrepiento porque en vez de retirarme a
descansar con un 80 % de mi salario, ahora me doy cuenta que recibiría menos
del 40 %, ni siquiera quisieron bridarme la información. Por el momento tengo
que continuar trabajando a pesar de estar muy enferma y cansada”, dijo muy
apesadumbrada por no haber gestionado su jubilación a su debido tiempo.
Lamenta
su mala suerte y lo que considera una “acción monstruosa” del gobierno por
arrebatarle parte de la pensión que le correspondía. Ella ayuda a su hijo y
mantiene a su progenitora mayor de 90 años.
Al igual que Rosa unos 30 mil nicaragüense alcanzaron en
el 2019 la edad de 60 años y el número de 750 semanas o más requisitos para
optar a una pensión del seguro social, pero la última reforma en vigencia desde
febrero 2019 afectó considerablemente a los nuevos pensionados, a los trabajadores
cotizantes y a empresarios, por el incremento de un 7% del mínimo de
cotizaciones, por la suspensión del 5% de aumento anual de las mismas para
reponer la devaluación del córdoba frente al dólar y por la rebaja en el
cálculo del 70% a recibir en lugar del 80% con la ley anterior.
La reforma al Seguro Social en abril de 2018 fue el
detonante de la actual crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua y que dejó
centenares de muertos, desaparecidos, prisioneros y miles de exiliados. Dichas
reformas fueron anuladas en abril del 2018, pero tras sofocar violentamente las
protestas y tomar el control, el gobierno, nueve meses después, promulgó
severas reformas al seguro social que disminuyen el valor de las pensiones
entre el 40 y 60% y el aumento del valor de las cotizaciones a trabajadores y
empleadores, entre otras medidas.
Mario Estrada quien se encuentra desempleado, gestionó su
pensión después de cumplir los 60 años y haber acumulado mil 341 semanas. Él
tenía grandes expectativas por la pensión que recibiría ya que ganaba un buen
salario como profesional (Administrador de Empresas), pero sus cálculos
contrastaron con la dura realidad, cuando se dio cuenta que su pensión se había
reducido estrepitosamente producto de las reformas realizadas al seguro social
a través de un decreto presidencial, aprobado en febrero de 2019, que establece
cambios drásticos al momento de calcular las pensiones a los nuevos jubilados.
“Según mis
cálculos y de acuerdo a lo que estipulaba la ley, antes de la reforma, me corresponderían
13 mil 22 córdobas para mí y mil 953 para mi esposa, para un total 14 mil 975
(un aproximado de 447 dólares), mientras que con la reforma se redujo a 5 mil
208 córdobas y 703 para mi esposa, lo que suman 5 mil 908 córdobas (unos 176
dólares). En un tiempo fui sandinista pero con las injusticias que ha cometido
el gobierno sandinista de Daniel Ortega, jamás votaría por él”, sentencia este
jubilado que afirma haber dado siempre su voto al Frente Sandinista.
La reforma establece que se tomará como referencia para
calcular las pensiones, los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas igual
a 7.2 años de vida laboral y no las 250 semanas, unos cinco años, como se hacía
antes de la reforma, lo que hará que el salario de referencia se reduzca ya que
la gran mayoría de los salarios no tienen mantenimiento de valor.
Dicho decreto según el experto en seguridad social Manuel
Ruiz se opone a la ley 516 que establece los derechos laborales. El decreto fue
recurrido por inconstitucional por el Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP). Desde el inicio del gobierno del sandinista Daniel Ortega en el 2007,
mantuvo lo que se denominó “Política de Diálogo y Consenso”, el cual fue roto
producto de la crisis sociopolítica que inicio en el mes de abril del 2018.
“Si se está trabajando y en buenas condiciones hay que
esperar. La seguridad social tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de
las personas, desde el ser humano que está en el vientre materno hasta su
ancianidad, debe ser una protección integral”, dice el experto.
Ruiz recuerda que el seguro social en Nicaragua ya tiene
62 años y ha pasado por momentos difíciles debido a la perdida de su autonomía
administrativa y financiera. Igual que otros críticos del gobierno, sostiene
que la pérdida de autonomía y la politización del seguro social han provocado
la crisis actual de la institución.
“La columna vertebral de los seguros sociales, es que su
manejo administrativo financiero sea sagrado, debe tener independencia, que los
gobiernos no se metan, porque se maneja muchísimo dinero”, dice Ruiz.
“El primer problema es la pérdida total de la autonomía
administrativa financiera. Sin resolver ese aspecto es muy difícil resolver el
problema, el segundo problema es que existe la tasa de cobertura más baja de américa
latina, con el 21% de cobertura en relación a la Población Económicamente
Activa (PEA), Costa Rica por ejemplo es cerca del 80 % de cobertura, el tercer
aspecto es el manejo financiero que implica tres cosas: manejo adecuado
actuarial, el manejo de las inversiones y el control de las inversiones. Otro
problema es que no hay ley que regule las inversiones por lo tanto la sociedad
nicaragüense no conoce a dónde se invierte y cómo se invierte”, dice Ruiz.
El INSS hace contratos millonarios con las empresas
médicas previsionales por un monto de alrededor de 200 millones de dólares
anuales.
“La privatización
de los servicios médicos a través de las empresas previsionales también afecta
las finanzas del INSS. Algunas de ellas como SERMESA pertenecen a la nueva
burguesía sandinista o a empresas de la familia presidencial. Una gran parte de
los recursos del INSS se va a través de estas empresas previsionales”, dijo
Ruiz.
“Creo que lo
primero que debe hacerse es derogar el decreto, para revertir la disminución de
las pensiones perjudicando más a los que pasan a ser pensionados. Este decreto viola los derechos adquiridos
establecidos en las leyes laborales y en la Constitución. Antes del decreto una
persona con 19 años de cotizar tenía derecho al 70 por ciento del salario,
ahora para lograrlo necesitaría 53 años.”, dijo Ruiz.
A partir de la reforma los trabajadores del régimen
integral cotizaran siete por ciento sobre el salario, en lugar de 6.25 por
ciento.
También se redujo el porcentaje base que se usa para
calcular las nuevas pensiones. Por ejemplo, antes, si un trabajador había
cotizado más 750 semanas y su salario sobre el que se está calculando la
pensión era inferior al doble del salario mínimo industrial (5,615.75 córdobas
el actual vigente, unos 170 dólares), obtenía como pensión el 45% de su
salario. Este porcentaje se redujo a 20 por ciento.
Si una persona o trabajador por cuenta propia está
cotizando a través del Seguro Facultativo Integral (es decir para pensión y
atención médica) su contribución que era el 18.25% de su salario; actualmente
este sube al 22.25%. En caso que esté cotizando solo para optar a una pensión y
sin atención médica este pasará de 10% a 14% de su salario registrado.
A partir del nuevo decreto, las empresas pasarán a pagar
de 19% a 22.5% como cuota patronal en el Régimen Obligatorio Integral y de 13%
a 16.5% en el Régimen Obligatorio RP-IVM. El aporte se estableció en dos
escalafones: los que tienen más de 50 trabajadores pagarán 22.5 por ciento y
los que tienen menos de esa cantidad la contribución será de 21.5 por ciento.
Mientras las Pequeñas y Medianas Empresas, PYMES, pasarán
a enterar el 22%; los trabajadores llegarán al 7.0% de sus salarios.
El Gobierno ordenó crear un aporte de 1.75% de
contribución del Estado en el Programa de Seguro Facultativo y además elevó de
0.25 % su aporte a 1.75% en el Programa de Seguro Obligatorio Integral.
La reforma no establece qué medidas correctivas aplicará
para reducir los excesivos gastos administrativos del INSS y transparentar las
inversiones que se hacen sin supervisión alguna.
El gobierno del sandinista Daniel Ortega no ha manejado
correctamente los fondos del INSS, se ha invertido discrecionalmente en
proyectos inmobiliarios manejados en su mayoría por la nueva burguesía
sandinista., perjudicando así las pensiones y la atención medica de los
asegurados.
La situación actual es crítica porque cada vez hay menos
empleadores, según se conoce, unos ocho mil empleadores dejaron de cotizar al
INSS porque cerraron sus empresas o buscaron mecanismos como la contratación de
personal por outsourcing.
Asimismo, la situación se ve afectada, porque en mayo del
2015, la Asamblea Nacional, a instancias de la Unidad Nacional del Adulto Mayor
(UNAM), aprobó la Ley No 900, Ley de Pensión Reducida por Vejez para las
Personas aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social,
convirtiéndose en un derecho adquirido.
En el 2017, el INSS había otorgado 49,475.1 pensiones
reducidas, 24,7 % del total de pensionados, acumulando un gasto de 1,632, 327,626.07
millones de córdobas (U$ 52,665, 729 dólares).
Este reclamo aumentó la cantidad de pensionados,
acelerando la crisis financiera. El Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su momento tacharon la
medida de “populista”.
Los nicaragüenses han decidido acatar las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud, OMS, ante la falta de instrucciones del gobierno que desacató
durante el fin de semana la recomendación de evitar concentraciones.
