"Es
crucial garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos
humanos cometidas en el contexto de las protestas de 2018 y garantizar el
derecho de las víctimas a la verdad y la reparación", dijo Kate Gilmore,
Alta Comisionada Adjunta para los DDHH de Naciones Unidas. OACNUDH, en la
ampliación oral sobre la crisis nicaragüense ante el Consejo de Derechos
Humanos reunido en Ginebra, Suiza.El informe fue calificado de "contundente" por la Alianza Cívica y por el grupo de abogados de los presos políticos "Defensores del Pueblo".
Gilmore expresó que "un año después de la violenta
represión de las manifestaciones en todo el país... las violaciones de derechos
humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y
la disidencia siguen siendo reprimidas".
Calificó la excarcelación de los reos políticos en 2018 y
2019 como "pasos alentadores" sin embargo, "según diversas
fuentes, más de 80 personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de
detención".
"Estamos profundamente preocupados por la situación
de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra
Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a
tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección.
El 16 de mayo
de 2019, en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo, un detenido
fue asesinado, presuntamente por un oficial de policía que había disparado,
mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de
policía", indicó el reporte de Gilmore, de origen australiano.
"Si bien llevó a la liberación de 106 personas, la
Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, contiene ambigüedades que
pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas
durante las protestas.
Como lo destacó el Alto Comisionado en un reciente
comunicado de prensa, la Ley de Amnistía en su forma actual no garantiza el
derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención
Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta
suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos
listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes.
"Si bien nuestra Oficina, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de
la Organización de los Estados Americanos han documentado graves violaciones de
derechos humanos en el contexto de las protestas, el Gobierno continúa negando
la responsabilidad de agentes estatales o profesionales.
Elementos armados gubernamentales. Es crucial garantizar
la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las
víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado
establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos".
"Seguimos preocupados por la suspensión de las
negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica desde abril de 2019, y por
la no aplicación de los dos acuerdos alcanzados anteriormente, en particular
sobre el fortalecimiento de los derechos y salvaguardias de los ciudadanos.
Si
bien este último acuerdo garantiza el restablecimiento de la libertad de
reunión pacífica, la Policía Nacional ha continuado impidiendo las
manifestaciones negando sistemáticamente la autorización para reunirse y
arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, en
ocasiones utilizando fuerza excesiva. Por ejemplo, durante las protestas que
tuvieron lugar entre el 16 de marzo y el 30 de junio de este año, la Oficina
recibió informes de al menos 21 personas heridas, incluidas tres por arma de
fuego.
Según fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más
de 500 personas han sido arrestadas por agentes de policía mientras intentaban
organizar protestas en varias ciudades. La mayoría permanecieron bajo custodia
durante unas pocas horas y luego fueron liberados sin cargos.
"Me preocupa profundamente que los defensores de los
derechos humanos y los líderes comunitarios continúen siendo blanco de ataques,
amenazas, hostigamiento y vigilancia constante. Recientemente se informó a
nuestra Oficina que algunas de las personas liberadas han sido acosadas y
amenazadas por la policía y atacadas por elementos armados gubernamentales, en
algunos casos con el consentimiento de las autoridades.
Las autoridades aún no
han restablecido el estatus legal y los activos de las nueve organizaciones de
la sociedad civil que critican al Gobierno, cuyo registro legal se canceló en
noviembre y diciembre de 2018.
"Las violaciones del derecho a la libertad de
expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, continúan
afectando a los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación,
así como a los medios de comunicación. Nuestra oficina fue informada de que los
periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido
amenazados, hostigados y censurados.
Dos periodistas prominentes fueron
detenidos por más de cinco meses bajo cargos de terrorismo y fueron liberados
el 11 de junio de 2019. Según fuentes no gubernamentales, a partir del 28 de
junio, más de 100 periodistas se habían exiliado".
"La crisis también ha afectado el disfrute de los
derechos económicos y sociales. La recesión, junto con los efectos de la sequía
relacionada con El Niño, podría poner en riesgo a los más vulnerables, incluidos
los pueblos indígenas y afrodescendientes. También hemos recibido informes
sobre la escasez de antirretrovirales y otros medicamentos.
Instamos a las autoridades a participar en un diálogo
genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de
justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y
electorales.
También pedimos al Gobierno que respete el acuerdo que ha
firmado al permitir el ejercicio de las libertades de reunión, expresión y
asociación pacíficas, prevenir, denunciar y sancionar cualquier ataque contra
defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, opositores políticos
y periodistas y garantizar el regreso. de su propiedad.
"Un equipo dedicado en nuestra oficina regional en
Panamá ha estado monitoreando de forma remota, con una metodología rigurosa, la
situación de los derechos humanos en Nicaragua. Después de que el gobierno
solicitó a nuestro equipo desplegado en Managua que abandonara el país a fines
de agosto de 2018, hemos estado tratando de recuperar el acceso.
En este sentido, consideramos un paso positivo la
información proporcionada por el Gobierno el 5 de julio de 2019, sobre la
situación de los derechos humanos en Nicaragua y la participación del Ministro
Asesor del Presidente en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio,
en nuestra oficina regional en Panamá.
"Confiamos en que esto conducirá a un acceso
continuo para la Oficina en el futuro, como lo solicita la resolución 40/2 del
Consejo de Derechos Humanos. Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno a cumplir
con sus obligaciones internacionales".
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