Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles su visto
bueno a crear un régimen de sanciones por la crisis política en Nicaragua, que
el Consejo de la UE deberá ahora confirmar formalmente, indicaron a la AFP
fuentes diplomáticas.
Los embajadores de los 28 países europeos se mostraron a
favor de crear este marco de sanciones, que por el momento no incluirá personas
sancionadas, por la situación de los derechos humanos, la democracia y el
Estado de derecho, habían indicado estas fuentes antes de su reunión del miércoles.
A mediados de julio, después de la liberación de manifestantes detenidos
durante las protestas antigubernamentales, la UE expresó su disposición a
"usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática
a la crisis".
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintiocho ya
amenazaron en enero al Gobierno de Daniel Ortega con explorar sanciones en caso
de que la situación en Nicaragua no mejorara para tratar de resolver la crisis
en el país.
Los gobiernos europeos han dado 'luz verde' este miércoles a la
base jurídica para poder imponer sanciones a personas individuales en Nicaragua
por la represión con la que el Gobierno de Daniel Ortega ha respondido a las
protestas en caso de que no mejore la situación en el país.
La agencia Europa Press citó declaraciones de una fuente
diplomática, que por ahora se trata de "una lista vacía", pero es el
primer paso de cara a la imposición de sanciones, un proceso que ya se siguió
en su momento con Venezuela. La decisión la deberá formalizar el Consejo,
previsiblemente en su próxima reunión.
Los ministros de Asuntos Exteriores de
los Veintiocho ya amenazaron en enero al Gobierno de Daniel Ortega con explorar
sanciones en caso de que la situación en Nicaragua no mejorara para tratar de
resolver la crisis en el país.
En marzo, el pleno de la Eurocámara reclamó
igualmente a la UE la imposición de sanciones contra el Gobierno de Ortega y
los responsables de las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua por la
represión contra manifestantes.
Los eurodiputados pidieron "un proceso escalonado de
sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de
visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los
responsables de violaciones de los Derechos Humanos" hasta que se respeten
plenamente los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el país, así
como suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación y de libre comercio entre
la UE y Centroamérica, activando para ello su cláusula democrática.
En su resolución, justificaron las sanciones por el
aumento de la represión y las restricciones a las libertades fundamentales en
el país, como el derecho a la libre expresión, de reunión y manifestación, la
ilegalización de las ONG y la expulsión de las organizaciones internacionales
del país, así como el cierre de medios y el acoso a periodistas, la expulsión
de los estudiantes universitarios y el empeoramiento de la situación en las
cárceles para los presos políticos.
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