Las 79 organizaciones, redes y movimientos feministas y
de mujeres abajo firmantes denunciamos la existencia en Nicaragua de una
situación de persecución política y hostigamiento contra las mujeres presas
políticas excarceladas en el marco de la crisis socio-política y de derechos
humanos que vive el país desde abril de 2018.
Dicha situación se concreta a
través de la vulneración sistemática de sus derechos políticos, económicos y
sociales por parte de instituciones del Estado y ataques de diversa índole
perpetrados tanto por funcionarios públicos como por personas afines al Gobierno.
Entre los ataques y vulneraciones más frecuentes que las excarceladas y sus
familiares han denunciado destacan: Vigilancias,
hostigamientos y robos en los domicilios.
Policías uniformados o vestidos de
civil, paramilitares, vecinos y simpatizantes del gobierno o integrantes de la
Juventud Sandinista y de los Consejos de
Poder Ciudadano llevan a cabo actos de vigilancia, allanamiento, intimidación,
amenazas y hostigamiento contra las excarceladas y sus familias, los cuales se
intensifican coincidiendo con la convocatoria de concentraciones y otros actos
de protesta. Amenazas telefónicas y
hostigamientos en redes sociales.
Son reiteradas las amenazas de muerte que
reciben las excarceladas tanto por vía telefónica como a través de redes
sociales. Negación a acceso a servicios
de salud o educación para ellas y sus hijos e hijas.
Retardo y negación en trámites administrativos. Las
excarceladas han denunciado que cuando tienen que hacer algún trámite
administrativo los funcionarios no las atienden o les dificultan y retrasan los
trámites, ello incluye trámites importantes como obtener identificación,
inscribirse en la universidad o solicitar un expediente académico.
Al robo y pérdida de bienes sufridos por muchas excarceladas
durante los allanamientos y los procesos judiciales enfrentados, se suma
que muchas de ellas han sido
despedidas de sus empleos (algunos de ellos en la administración pública, sin
recibir ninguna compensación ni salarios atrasados) y la dificultad para
encontrar nuevos trabajos.
Muchas otras se han visto obligadas a cerrar sus
pequeños negocios familiares debido a las amenazas, robos y hostigamientos que
han enfrentando de manera reiterada.
Ataques
a las familias. Las excarceladas son frecuentemente atacadas a través de sus
familiares, quienes son objeto de amenazas. Las hijas e hijos de las
excarceladas están siendo hostigadas y agredidas por paramilitares e
integrantes de las Juventudes Sandinistas en los centros educativos a los que
asisten; sus expedientes académicos y notas son borrados y, aunque tengan
derecho a ello, no les dan plaza ni las atienden en la universidad. También hay
familiares a los que han extorsionados y amenazado con perder sus trabajos si
no colaboran dando información sobre las actividades de la excarcelada.
A todo
ello se suma el hecho de que la falta de certeza respecto de su situación
jurídica permite que las presas políticas excarceladas vivan en una permanente
situación de inseguridad y sujetas a la arbitrariedad de los operadores de un
sistema de justicia marcado por su falta de independencia respecto del poder
ejecutivo; haciéndose posible la continuidad de los procesos judiciales en su
contra, e incluso nuevas privaciones de libertad.
Una situación como la descrita pone a las mujeres presas
políticas excarceladas en una posición de extrema vulnerabilidad y de gravísima
violación a los derechos que les reconocen las normas nacionales y los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Además, las somete
a profundas afectaciones personales, físicas, emocionales, psicológicas y
económicas insostenibles tanto para ellas como para sus familias.
La apariencia de normalidad y resolución de la crisis que
pretende ofrecer el Gobierno de Nicaragua frente a la comunidad internacional
se ve claramente confrontada por una realidad marcada por la existencia de
personas presas políticas (las que siguieron privadas de libertad tras las
excarcelaciones derivadas de la amnistía y las que fueron detenidas
arbitrariamente tras las excarcelaciones masivas, como es el caso de María
Guadalupe Ruiz Briceño), la continuidad en la criminalización, intimidación y
hostigamiento de las presas políticas excarceladas a través de actos como los
señalados y la ausencia de garantías para el regreso de quienes se encuentran
en el exilio.
Lo descrito responde a una estrategia de persecución
política planificada desde el Gobierno que tiene como objetivo castigar e
inhibir la protesta social y los movimientos de oposición, impedir el acceso a
la justicia y la reparación a las múltiples víctimas de violaciones a derechos
humanos y garantizar la impunidad de los responsables de las mismas.
Por todo ello, exigimos al Estado nicaragüense: La plena libertad de todas las presas
personas políticas excarceladas, lo que supone:
La extinción de cualquier causa
judicial en su contra y la garantía de que se respeten todos sus
derechos de ciudadanía.
El cese de cualquier acto de vigilancia y hostigamiento
contra las presas políticas excarceladas y sus familias por parte de
funcionarios públicos.
Garantías de seguridad y protección para ellas y sus
familias, poniendo fin a la impunidad en la que permanecen los ataques en su
contra perpetrados por paramilitares y otros actores afines al Gobierno.
Reposición de todos los bienes incautados o sustraídos a
las presas políticas excarceladas por instituciones y funcionarios del Estado.
La libertad de María Guadalupe Ruiz Briceño y del resto
de personas presas políticas que siguen privadas de libertad. El cese de las detenciones arbitrarias.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad
internacional para que responda solidariamente frente a la grave situación que
viven nuestras compañeras presas políticas excarceladas en Nicaragua y sus
familias y se unan a la campaña de presión al Gobierno de Daniel Ortega para
que cesen los ataques y hostigamientos y todas ellas recuperen la plena
libertad.
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