México / AP - El Gobierno mexicano ha afirmado
este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa hace hoy cinco años es un caso de desaparición forzada a manos de agentes
del Estado y, por ello, ha anunciado que la próxima semana se citarán a
declarar a los funcionarios y responsables políticos que estuvieron a cargo de
la investigación.
Así lo ha declarado el subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior),
Alejandro Encinas, que junto al nuevo jefe de la investigación, Omar Gómez, y
al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha comparecido en la rueda
de prensa para anunciar un nuevo impulso a las pesquisas.
Encinas ha explicado que actualmente hay dos líneas de
investigación: la búsqueda en vida y la búsqueda del "destino final".
"Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad", ha
dicho. Interrogado sobre cuánto tiempo durará esta renovada investigación, ha
contestado: "Cuando la tengamos".
Por su parte, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa
ha anunciado que "se llamará a todos los implicados del ámbito municipal,
estatal y federal" para que declaren sobre las investigaciones realizadas
en su momento. "La próxima semana (se citará a) el exgobernador,
exprocurador y exsecretario de Seguridad, ha avanzado.
Entre los citados destaca el exjefe de la Procuraduría
General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam. "Ha mostrado su
disposición y, lo más curioso, es que en sus declaraciones ha dicho que nunca
dijo que todos estuvieron en el basurero", ha destacado Encinas. "No
se trata de un matiz, se trata de una muestra más de que su verdad histórica no
estaba sustentada", ha subrayado.
López Obrador, que ya anunció que la investigación
comenzaría de cero, ha reiterado su llamamiento "a los implicados (en el
caso) a que ayuden", recordando que tendrán una "retribución
económica" --1,5 millones de pesos para quienes den información útil y 10
millones por el paradero del supuesto secuestrador Alejandro Tenesco-.
Sin embargo, López Obrador ha incidido en que el caso
Ayotzinapa "va más allá de un ilícito". "Es un proceso
fundamental de Justicia, Derechos Humanos, de las instituciones del Gobierno.
Quienes ayuden no solo tendrán esta retribución económica, sino que es una
ayuda para la nación", ha destacado.
López Obrador ha anunciado además que se reunirá cada dos
meses con los padres de los 43 normalistas desaparecidos para informarles sobre
los avances de la investigación. "Y no quiero que sean reuniones de todo
el sexenio, (quiero) que sean pocas, con este caso resuelto", ha
apostillado.
AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, ya se ha
reunido con las familias de los jóvenes desaparecidos, que denuncian que fueron
marginadas por el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En un nuevo gesto de apoyo, López Obrador, así como
Encinas y Gómez, han lucido una camiseta reivindicativa del caso Ayotzinapa. El
presidente mexicano ha explicado que se las dieron los padres de los 43
'normalistas' en su reciente encuentro. "Me pidieron que me la pusiera y
me la puse", ha contado.
Por otro lado, el representante en México del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ha
reclamado una auténtica investigación, denunciando que la anterior "sigue
dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento cometidas por
las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y
defender la desacreditada verdad histórica".
Jarab ha pedido en concreto a las autoridades mexicanas
que no usen como prueba ninguna declaración que haya sido obtenida bajo tortura
y que rescaten todas aquellas que puedan servir para dar con el paradero de los
estudiantes de magisterio.
El emisario de la ONU ha lamentado que el caso Ayotzinapa
pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan quienes intentan
conseguir Justicia en México, según informa el diario local 'El Universal'.
Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de
Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino
municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades
locales.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la
organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre
grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron
de sus restos en el basurero de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta
teoría y han apuntado que el sucesor podría estar relacionado con el tráfico de
drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.
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