El dictador Daniel Ortega culpó a la embajada de Estados Unidos en
Nicaragua y a organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU de “alentar”
las protestas sociales que estallaron en abril del año pasado y que causaron
una grave crisis política que aún persiste.
Hablando la noche del lunes en un acto por el aniversario
de la fundación de la Policía Nacional, Ortega dijo que miembros de la sede
diplomática estadounidense apoyaron “por debajo” a los “terroristas”
(opositores).
“Los de la embajada de Estados Unidos por un lado
alentaban... y por debajo le echaban leña al fuego", en momentos en que
"la policía estaba resguardada y no era una fuerza de combate contra esos
terroristas”, afirmó.
Ortega que gobernó por primera vez
durante la revolución de los años 80, dijo que las protestas fueron apoyadas
por empresarios privados, obispos de la Iglesia católica y organismos de
derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones
Unidas.
“Le echaron leña al fuego, no mostraron amor al prójimo y
se iban con los derechos humanos de la OEA y de la ONU a decirles (a los
manifestantes) que se mantuvieran en los tranques”, dijo Ortega.
“Se juntaron ahí todos los demonios… les hicieron creer
que estaban ganado la guerra. Pensaron que ya se hacían de nuevo con el poder”,
insistió.
Durante las protestas manifestantes levantaron barricadas
y “tranques” (retenes) por todo el país. El régimen sofocó la revuelta con
policías y paramilitares y el saldo fue de 328 muertos, más de 2.000 heridos y
770 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la OEA. La CIDH contabilizó además unos 70.000 exiliados.
La CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos enviaron misiones a Nicaragua para documentar las
denuncias de asesinatos, pero el gobierno los expulsó tras calificar sus
informes de “sesgados” y “parcializados”. Ortega ha rechazado solicitudes de
ambos organismos para regresar al país.
Al intervenir en el acto, el jefe nacional de la Policía,
comisionado Francisco Díaz, advirtió que no permitirá que se repita “el fallido
golpe de Estado” de 2018. Díaz es uno de los funcionarios de Ortega sancionados
por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo -esposa
de Ortega- declaró a medios oficiales que lo ocurrido en Nicaragua fue “una
explosión satánica” de la oposición “que no promueve paz y bien sino maldad y
satanismo”.
Las declaraciones de las tres autoridades se producen
mientras un grupo de opositores visita Washington para reunirse con la comisión
especial OEA a la que el régimen de Nicaragua le impidió el ingreso al país a
mediados de este mes.
Los dirigentes de las opositoras Alianza Cívica y Unidad
Nacional Azul y Blanco pedirán a la OEA “que ejerza más presión sobre Ortega y
que se invoque la Carta Democrática Interamericana”, dijo a The Associated
Press la activista exiliada Haydeé Castillo, que integra la delegación.
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