Nueva York - La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, OACNUDH, declaró este miércoles santo que "sigue
monitoreando la crisis" de derechos humanos en Nicaragua "que podría
agravarse por la pandemia" del COVID19".
En una serie de tuits la oficina de la expresidenta chilena declaró que le "Preocupa la ausencia de medidas de distanciamiento físico, como lo indicado por @opsoms", la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud "y la falta de acceso a información sobre pruebas y controles".
La Alta
Comisionada Bachelet agregó que los derechos humanos "deben ser centrales
en la respuesta al COVID-19. Ser claros y transparentes es clave para empoderar
y alentar a las personas a participar en las medidas diseñadas para la
protección de su salud".
Citó un reciente
mensaje más universal de que "Los Estados deben adoptar urgentemente
medidas incluyentes destinadas a proteger a las personas migrantes y víctimas
de trata en su respuesta nacional al #COVID19 -Expertxs de la #ONU".
Además insistió
que "Las declaraciones de emergencia no debería funcionar como acción
represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para
silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos - expertos de la
#ONU".
Por su parte, la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), informó que ajustó sus programas
de asistencia humanitaria para entregarle a familias en condición de
refugiadas, en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, el monto de
500 dólares mensuales, por espacio de 3 meses, con fin de apoyarlas en medio de
la pandemia por el nuevo coronavirus.
"Sabemos que
las necesidades de las personas que atendemos se han agravado muchísimo,
principalmente las de alojamiento y alimentación, y la cooperación
internacional es crucial para continuar ayudando a las personas refugiadas y
las comunidades costarricenses que las acogen", declaró Milton Moreno,
Representante del ACNUR en Costa Rica.
Además, las
personas beneficiarias de los recursos reciben un kit de higiene y gracias a un
convenio con la Caja Costarricense de Seguridad Social, ACNUR financia el
seguro médico de 6.000 personas refugiadas y solicitantes de esa condición.
Este beneficio
prioriza a personas con padecimientos de salud y situaciones de vulnerabilidad
económica. Los adultos mayores y profesionales de la salud serán incorporados
al programa automáticamente debido a que se encuentran en mayor riesgo durante
la emergencia sanitaria.
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