La Corte
Interamericana (Corte IDH) exigió este martes a los
gobiernos que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las
personas en la aplicación de las medidas preventivas y restrictivas ante la
pandemia del COVID-19.
“En estos
momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada
los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción
del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las
personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades
indígenas”, indica un pronunciamiento emitido por la Corte IDH, que tiene su
sede en Costa Rica.
El alto tribunal
agregó que “el derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad
humana y observando los principios fundamentales de la bioética” e hizo un
énfasis especial en que los trabajadores del sector de la salud, quienes
“deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que
protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en
términos razonables de seguridad y calidad”.
En momentos en
que la mayoría del continente americano aplica cuarentenas o restricciones a la
circulación de las personas, la Corte Interamericana afirmó que toda medida que
los Gobiernos apliquen se debe ajustar a los estándares internacionales de los
derechos humanos.
“Debe cuidarse
que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de
los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los
principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución”, añade el
pronunciamiento.
La Corte
Interamericana hizo un llamado a que se garanticen los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales sin ningún tipo de discriminación para
poblaciones vulnerables como las personas mayores, los niños, los
discapacitados, los migrantes, los refugiados, los apátridas, los privados de
la libertad, las personas LGBTI, las embarazadas o en período de post parto,
los indígenas, los afrodescendientes, los pobres, entre otros.
El
pronunciamiento del tribunal también pide a los Estados atender con especial
cuidado la violencia contra las mujeres en el hogar, reducir el hacinamiento en
las cárceles, garantizar el derecho a la información de la población, respetar
derechos laborales, y combatir la xenofobia, el racismo y todo tipo de
discriminación.
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