Autoridades
municipales del municipio de Paiwas, del
poblado de Apawás, demandan una investigación a fondo acerca de las empresas
asociadas en Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, S.A., CHN, para aclarar lo
que ocurrió con el fracaso de Tumarín, la represa que le daría una gran
independencia energética al país y cambiaría radicalmente la matriz de
generación.
Según
los alcaldes y autoridades locales, miles de campesinos de Apawás están
decididos a no entregar las tierras, por las que ya fueron indemnizados, pero
que retendrán hasta que no les cumplan con la construcción del poblado
prometido por Marcelo Conde, exgerente general de CHN.
Además
de pagarles un precio largamente negociado por las tierras, los brasileños de
Queiroz Galvao y Eletrobras firmaron un acuerdo para construir un pueblo
completo en donde serían reasentadas más de 750 familias que aún viven en las
tierras de Apawás que servirían para hacer la represa de la obra.
El
pueblo incluiría escuelas, parques, oficinas de gobierno, viviendas habitables
con suficiente tierra para vivir, agua potable, energía y una estación de
radiodifusión que sería manejada por la alcaldía local.
De
eso solo queda la promesa que ahora han heredado dos empresas estatales: La
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, y la Empresa Nicaragüense
de Electricidad, ENEL, en virtud del oscuro contrato de compra venta de las
acciones de un negocio que jamás llegó a funcionar.
Los
brasileños dirigidos por Marcelo Conde alegaron que habían invertido unos $400
millones de dólares en la presa y que por eso reclamaron más de $42 millones al
gobierno de Nicaragua. La presidencia de la república accedió a pagar la
millonaria suma en una negociación sin transparencia.
¿Por
qué de las finanzas nacionales se les pagará $42 millones de dólares en
indemnización si debía ser al revés, que el gobierno de Nicaragua demande a
estas empresas brasileñas por haber fracasado?, comentó un dirigente del PLC
que este fin de semana se reunió con pobladores de Apawás.
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