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lunes, 6 de abril de 2020

Caída económica en 2020 será peor que en 2018 en Nicaragua.


El Gobierno respondió con el silencio, a la propuesta del Grupo de Trabajo —Cosep, AmCham, Funides, Incae— de coordinar acciones para enfrentar los estragos sanitarios y económicos causados por la pandemia del covid-19, buscando evitar que la tasa de contagios se eleve a un nivel que resulte inmanejable para el sistema de Salud de Nicaragua.
En vez de eso, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene su política de “normalidad”: mientras alrededor del mundo se cierran las fronteras, y se restringe la movilidad de los ciudadanos, en Nicaragua se promueven actividades que implican aglomeraciones masivas, como la reciente inauguración del puente del Paso de Panaloya, en la comarca Malacatoya, de Granada, ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente de la Asamblea Nacional, el sancionado Gustavo Porras, criticó a “los agoreros del desastre”, y celebró “el modelo de salud familiar y comunitario”, así como que el país siga abierto, a la vez que informaba que el personal de Salud está dando seguimiento a 16 000 nicaragüenses llegados del exterior, provenientes de países afectados por la pandemia del covid-19. La respuesta del sector público no tomó por sorpresa a los firmantes de la propuesta.

“Nunca esperamos que el Gobierno nos hiciera caso: desde el 13 de marzo hasta el día de hoy, diversos sectores hicieron llamados, y el que no está respondiendo es el Gobierno. Nosotros queríamos que quedara constancia de ese silencio, que tendrá trascendencia en su momento”, dijo una fuente del Grupo de Trabajo.

Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), también admitió que ya esperaban esa reacción del Gobierno. “Es su prerrogativa responder de esa forma, pero teníamos que hacer el planteamiento. 

Nosotros haremos lo que podamos con nuestros medios, pero el Gobierno es el encargado y el responsable principal del manejo de esta crisis”, recordó.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), defendió que el gremio empresarial “ha venido actuando de manera responsable”, pensando en reducir al máximo la pérdida de vidas y de empleos, sin soslayar la magnitud de la crisis.

Tanto Arana como José Adán Aguerri, presidente de Cosep, recalcaron que ellos no son Gobierno, ni quieren suplantarlo “porque no es nuestro papel”, pero “tienen que responder a este país con congruencia y con inteligencia, para resolver el desafío que tenemos enfrente”. 

Aguerri dijo que “estamos trabajando tres líneas de acción: prevención; abastecimiento, protección del empleo y sostenibilidad de la empresa”.

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