Mientras el mundo se enfrenta a
un desafío histórico, el gobierno del presidente Daniel Ortega ignora
flagrantemente las recomendaciones de organismos internacionales de derechos
humanos en relación con la pandemia del COVID-19, poniendo en riesgo la salud y
la vida de miles de personas en Nicaragua, dijo Amnistía Internacional.
Esto se aúna a la grave crisis de derechos humanos que azota al país desde hace
dos años, con un saldo de al menos 328 personas muertas, unas 2,000 heridas y
más de 100 mil personas forzadas a huir del país.
“La respuesta de
las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el COVID-19 pone en
evidencia una vez más que el gobierno del presidente Ortega no asume ninguna
responsabilidad sobre los derechos humanos de las y los nicaragüenses,
dejándolos en total desprotección”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para
las Américas de Amnistía Internacional.
“Desde el 18 de
abril de 2018, el gobierno del presidente Ortega ha hecho del amedrentamiento,
la impunidad y el exilio forzado prácticas habituales. Es sorprendente que,
después de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta social durante los
últimos dos años, ahora promueva marchas masivas y aglomeraciones, exponiendo a
la población ante la pandemia”.
Organizaciones
locales han denunciado que el gobierno no está cumpliendo las recomendaciones
emitidas por organismos internacionales sobre el COVID-19 y que, por el
contrario, ha tomado acciones que podrían poner en peligro a miles de personas.
Así, en plena pandemia, el 5 de abril, instituciones estatales organizaron una
misa pública para dar inicio al periodo de celebraciones religiosas. El 6 de
abril, entidades estatales impulsaron un evento público para elegir la Reina
Verano 2020 del departamento de Managua y, el 12 de abril, el Instituto
Nicaragüense de Turismo organizó el Summer Music Fest 2020 en varias
localidades.
El Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado que las autoridades han
promovido otros actos masivos durante marzo y abril, como desfiles y
actividades turísticas. Además, previo al receso escolar que inició el 5 de
abril por las celebraciones religiosas de Pascua, medios de comunicación
reportaron que algunos padres y madres fueron presionados por personal de las
escuelas para llevar a sus hijos e hijas a los centros educativos.
La Organización
Panamericana de la Salud ha expresado su preocupación por la respuesta del
gobierno de Nicaragua ante el COVID-19, al no incluir medidas de
distanciamiento social, pero si la convocatoria de aglomeraciones masivas.
Además, calificó de inadecuados los procesos de prevención y control implementados
por las autoridades.
Grupos locales
continúan denunciando la falta de información proporcionada por el gobierno
sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y
contención. Por ello, han organizado sus propios mecanismos de recopilación y
procesamiento de información sobre casos sospechosos de COVID-19 y difunden
públicamente información sobre las medidas para prevenir el contagio.
Las autoridades
nicaragüenses deben garantizar que la población tenga acceso inmediato a
información veraz, exacta y científica sobre la pandemia, a medida que ésta se
desarrolla, y sobre las medidas de prevención de contagios.
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