Nicaragua se ha venido sumergiendo en una
crisis económica estructural que afecta principalmente a los sectores más
vulnerables del país; misma que se ha profundizado a partir del contexto
sociopolítico que ha provocado la brutal represión del régimen desde 2018 y
que, ahora, se verá aún más comprometida por la inminente recesión económica
global que provocará el COVID-19.
La sociedad
nicaragüense no cuenta con los recursos económicos para enfrentar una crisis
sanitaria de esta magnitud. La contracción económica global afectará al menos
las remesas, el turismo y el consumo; las mismas medidas de distanciamiento
social que ha tomado el pueblo nicaragüense tendrán un severo impacto en el
consumo de bienes y servicios.
Esto afectará de manera directa las
recaudaciones fiscales y, por ende, la capacidad misma del Estado para
enfrentar la crisis. Igualmente afectará la capacidad de las empresas grandes,
medianas y pequeñas de sostener el empleo.
Este panorama
afecta a todo el pueblo nicaragüense, pero principalmente a quiénes trabajan en
la informalidad o no trabajan, pues son quienes más dependen de los servicios
públicos para atender su salud y otras necesidades. Si el Estado de Nicaragua
no asume con seriedad medidas que permitan a este sector adoptar medidas
extremas de distanciamiento social para “aplanar la curva” de contagio del
COVID-19, el endeble sistema de salud nicaragüense colapsará irremediablemente
y el costo en vidas humanas será inimaginable.
Para mitigar la
que puede ser la peor catástrofe humanitaria en nuestra historia, es necesario
a la mayor brevedad posible fortalecer la capacidad del sistema público de
salud y adoptar medidas radicales de distanciamiento social que contengan el
contagio. Para ello, y desde el punto de vista económico es preciso trabajar en
cuatro frentes: 1) Aliviar la carga de gastos y proteger los ingresos de la
población durante la emergencia, 2) Proteger el empleo, 3) Redireccionar el
gasto público, 4) Acceder a fondos internacionales de emergencia de manera
condicionada.
1. Aliviar la
carga de gastos y proteger los ingresos de la población durante la emergencia.
Reducir al costo,
por tres meses, la tasa de intermediación para las remesas familiares, tanto
por parte de bancos como por parte de las empresas que se ocupan de este
negocio.
Flexibilizar el
pago de los créditos a bancos, microfinancieras y casas comerciales, tanto para
tarjeta habientes, créditos personales, créditos hipotecarios y créditos a
empresas. Bancos con su casa matriz en Nicaragua están otorgando facilidades en
sus filiales en otros países centroamericanos. La Superintendencia de Bancos
debe dictar las normativas apropiadas a estos propósitos.
Reducir las
tarifas de comunicación tanto para empresas como para usuarios. No es posible
que en Nicaragua se pague una de las tarifas más elevadas de América Latina.
Reducción de las
tarifas eléctricas y los precios del combustible en proporción a la disminución
de precios internacionales del petróleo.
Restablecer la
cotización al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) al 6.25% del
salario.
Eliminar el IVA a
los productos de la canasta básica.
Una moratoria,
por tres meses, en el pago del servicio de agua potable y energía eléctrica
para los consumidores desempleados, o que tengan ingresos menores al valor de
la canasta básica. Esta moratoria se aplicaría también a microempresarios y
pequeños empresarios que se encuentren en esta condición.
2. Proteger el
empleo.
Es imperativo
asegurar la sobrevivencia de las empresas y su capacidad para mantener el
empleo. En primer lugar, hay que desahogar sus costos. Para lo cual, están a
mano las siguientes medidas:
Suspender la
retención destinada al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec). Esto representa
el 2% de la nómina de las empresas.
Restablecer las
condiciones fiscales previas a la reforma de febrero del año pasado. Esta
medida dotaría de liquidez a las empresas.
Restablecer la
cuota del INSS a los empleadores al 19% de la nómina. Esto representa una
disminución del 3.5% de la nómina laboral.
Acordar la
flexibilización de las condiciones laborales: adelanto de vacaciones y
reducción de la jornada, trabajo en casa, por ejemplo, a fin de preservar en lo
posible la estabilidad y prestaciones laborales de trabajadores y empleados.
3. Re direccionar
el gasto público.
Es imprescindible
aprobar una reforma del Presupuesto General de la República a fin de reasignar
recursos. Es posible reducir con fines de reasignación una parte significativa
de los 64 mil millones de córdobas presupuestados en gasto corriente,
principalmente de instituciones cuyo funcionamiento no es indispensable para
atender la emergencia. Asimismo, deberían revisarse, postergarse o
reprogramarse parte de los 17 millones de córdobas destinados a gastos de
capital.
Solo a título de
ejemplo, podrían revisarse y ajustarse las partidas asignadas a las siguientes
instituciones: están presupuestados C$ 350 millones al Consejo Nacional del
Deporte; C$ 682 millones a la Asamblea Nacional; C$ 102 millones al Instituto
de Información para el Desarrollo; C$ 2,775 millones al Poder Judicial; C$ 8
millones a la Autoridad del Gran Canal; C$ 557 millones a Dirección General de
Servicios Aduaneros; C$ 235 millones de la Contraloría General de la República;
C$ 13 millones de la Cinemateca Nacional;
C$ 16 millones a Procompetencia.
4. Acceso a
fondos de emergencia internacionales.
Los organismos
financieros internacionales han dispuesto importantes fondos para hacer frente
a esta desmedida emergencia. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que
esperan prestar un millón de millones de dólares, para el mundo. El Banco
Mundial ha anunciado 14,000 millones de dólares para atender esta crisis. El
BID anunció que tenía 2,000 millones de dólares.
Nicaragua
necesita acceder a estos fondos, pero debe hacerlo de una manera condicionada.
Algunas de estas condiciones podrían ser las siguientes:
Una absoluta y total transparencia frente a
la sociedad, en el uso de los recursos.
La presentación
de un plan detallado, que deberá ser publicado, de la manera en que se proyecta
utilizarlos.
Un detalle de las
medidas de mitigación a implementar, incluyendo medidas de distanciamiento
social necesarias y la realización de muestreos aleatorios representativos que
puedan orientar ulteriores medidas.
Las prioridades
para reasignar los recursos tanto internos como externos serían las
siguientes:
Incrementar los
fondos para adquisición del equipamiento hospitalario requerido para hacer
frente al escenario con medidas de mitigación, incluyendo la adquisición de un
número suficiente respiradores y equipamiento de un numero requerido de UCIs,
mascarillas y equipamiento de protección del personal sanitario.
Crear un programa
de apoyo económico al sector informal y a las personas que dejarían de recibir
ingresos mínimos suficientes.
Ampliar la
canasta alimentaria de la merienda escolar y su cobertura al núcleo familiar, a
fin de favorecer la seguridad alimentaria de una manera ordenada, conforme los
registros y mecanismos de distribución ya existentes. Esta medida supone enviar
a su casa a estudiantes y docentes mientras dure la emergencia.
Compensar al INSS
la disminución de ingresos, a fin de asegurar la entrega puntual de las
pensiones.
Establecer un
fondo de emergencia para aliviar el impacto económico y social de la crisis.
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