La Asociación de Víctimas de Abril (AVA) denunció este martes la desaparición
de un reo "político" con síntomas de COVID-19 en Nicaragua, quien fue
retirado de su calabozo el pasado sábado, y a quien las autoridades del Sistema
Penitenciario Nacional no presentaron en la audiencia de juicio programada para
esta mañana.
Uriel Pérez,
considerado como un "preso político" del presidente Daniel Ortega,
fue visto por última vez el sábado pasado, cuando sufrió un desvanecimiento en
la clínica médica de la cárcel "La Modelo", la mayor de Nicaragua, y
hasta ahora no se sabe de su paradero, dijo a EFE la dirigente de AVA, Grethel
Gómez.
Tras la
suspensión de la audiencia contra el Pérez, sus familiares salieron de
inmediato a preguntar por el convicto en diferentes hospitales de Managua, ya
que la información sobre su paradero les fue negada por las autoridades
judiciales y penales.
"No sabemos
nada de él, ahorita estamos esperando en un centro de salud a ver si nos dan
información, pero no podemos decir nada más", dijo a EFE, vía telefónica
uno de los familiares del reo.
Al menos 23
"presos políticos" y una cantidad no determinada de reos comunes
tienen síntomas similares a los de COVID-19 en "La Modelo", según
denunciaron esta misma mañana un grupo de familiares de opositores detenidos.
En una denuncia
atribuida a los reos comunes, estos señalan la muerte de al menos 9 convictos
que creen fueron por COVID-19, pero hasta la semana pasada únicamente se había
comprobado el deceso de dos, con problemas de salud parecidos a los de la
pandemia.
La situación ha
causado alarma entre los convictos, según Gómez, porque estos viven en hacinamiento,
reciben agua racionada y de mala calidad, tienen condiciones higiénicas
insalubres, y el acceso a la salud supuestamente es negado en la mayoría de
casos.
Tanto la oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh),
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han abogado por la
situación de los convictos en Nicaragua, sin que hasta ahora sean escuchadas.
Los familiares
insisten en que los 93 "presos políticos" que permanecen encerrados
no deberían estar en la cárcel, ya que protestar contra Ortega, al que definen
como "dictador", no es delito, y que las acusaciones por faltas
comunes que les son atribuidos es una estrategia para eliminar a la disidencia.
Hasta ahora el
Gobierno de Nicaragua no ha establecido restricciones para evitar la
propagación de la pandemia, y recién admitió que la población tome algunas medidas
personales de protección.
El independiente
Observatorio Ciudadano COVID-19 contabilizó hasta este lunes al menos 1.033
casos de contagio de la enfermedad, 1.017 casos más que los reconocidos por las
autoridades.
También reporta
188 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19 que han sido verificadas por
el Observatorio.
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