A
17 meses de la toma ilegal y cancelación de la personería jurídica del Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el organismo ha iniciado un proceso
legal en alianza con CEJIL para llevar a juicio al Estado de Nicaragua,
controlado por el régimen de Daniel Ortega.
Ambos organismos
entregaron este viernes una petición inicial contra el Estado de Nicaragua ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición es el primer
paso en un proceso que busca llevar a juicio al Estado, en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su
adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La petición tiene
como eje principal responsabilizar al Estado de Nicaragua por el allanamiento
ilegal de las oficinas del Cenidh y la cancelación de su personería jurídica,
situación que a la fecha continúa sin respuesta, pues, la Policía mantiene
desde 2018 ocupadas las instalaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
sigue sin resolver los recursos interpuestos, dos de amparo y uno por
inconstitucionalidad.
“Los defensores y
defensoras en el CENDIH siguen en la lucha con muchas limitaciones asumiendo
los riesgos y estigmatizaciones a un costo emocional muy elevado, con una
sensación de clandestinidad e impotencia y el peligro constante de ser
criminalizados y agredidos por seguir ejerciendo el derecho a defender
derechos, en un país donde los espacios para ello se cierran cada día más“,
expresó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, quien a la vez manifestó que la presentación
de este caso ante la CIDH constituye un importante paso adelante en la búsqueda
de la justicia
Cenidh y CEJIL
consideran que esta serie agresiones parten de una estrategia de ataque frontal
del régimen en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que
impulsó a que en 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
otorgara medidas de protección a los integrantes de la organización
nicaragüense.
El control
absoluto de las instituciones del Estado por el Gobierno de Ortega-Murillo,
hace que los recursos judiciales nacionales no funcionen para procurar
justicia.
La violación
sistemática y masiva de derechos humanos en Nicaragua, que ha llegado incluso a
cometer crímenes que fueron catalogados como de lesa humanidad, hace que
consideremos cerrados los espacios democráticos internos y tengamos que acudir
al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, explicó Claudia Paz y Paz,
directora de CEJIL para Mesoamérica.
“Voramos esta vía
como un camino para exigir que se reconozca la responsabilidad del Estado, se
lleve a los responsables ante la justicia y se garanticen medidas de no
repetición. Esto es urgente, porque las violaciones a los derechos humanos se
siguen cometiendo día con día en Nicaragua” , agregó la también integrante del
GIEI.
La petición
inicial será estudiada por la CIDH para determinar si cumple con los requisitos
mínimos de trámite, y con posterioridad le notificará de la misma al Estado de
Nicaragua para iniciar el estudio de la admisibilidad.
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