Cuba y Venezuela vuelven a estar unidas,
esta vez en el listado de países que no colaboran para combatir el terrorismo,
un informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos el miércoles
13 de mayo.
Para quienes
están familiarizados con el rejuego político que acostumbran a diseñar
regímenes como los que encabezan las dictaduras de estas dos naciones, el nexo
entre dos sucesos específicos “denunciados” por estos días desde La Habana y
Caracas, pudiera mencionarse como la antesala de este calificativo con el que
simulan aparecer “sorprendidos” los mandatarios cubano y venezolano.
En más de una
entrevista realizada por DIARIO LAS AMÉRICAS, con analistas conocedores de la
crisis general que atraviesa Venezuela, la supuesta operación militar Gadeón,
ocurrida el 3 de mayo, no se trata nada más que de un montaje, donde hubo 8
personas fallecidas, y que sirvió al dictador Nicolás Maduro para presentar al
mundo presuntas pruebas de un “complot”, supuestamente respaldado por EEUU, con
el que intentaban aniquilarlo, tal y como ha sido denunciado públicamente por
él y otros integrantes de la cúpula chavista.
Según el régimen,
un "grupo de mercenarios y terroristas" entrenados en Colombia con el
apoyo de Estados Unidos habrían intentado entrar en la nación caribeña por las
costas de La Guaira como parte de una intervención militar contratada por la
oposición que lidera el líder del Parlamento y presidente encargado de
Venezuela, Juan Guaidó, para derrocar al actual inquilino de Miraflores.
EEUU ha dicho que
incluye a la nación petrolera Venezuela en su reciente “lista negra” por
"seguir proporcionando un entorno permisivo para los terroristas en la
región", y menciona el respaldo dado por el chavismo a las disidencias de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y a la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Además, se apoyan
en el hecho de que Maduro y un grupo de quienes le secundan en el poder que
usurpan, están acusados de narcoterrorismo y son buscados por la justicia
estadounidense, con precios definidos por su captura, tras probados nexos con
el crimen organizado en busca de plagar de drogas al territorio estadounidense.
Desde Cuba,
aunque no existe hasta el momento ninguna prueba concreta que respalde su
hipótesis, el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez, intenta que se dé
tratamiento de “acto terrorista” al asalto contra la embajada de la isla en
Washington, la madrugada del 30 de abril último, cometido por un hombre
diagnosticado con esquizofrenia. Exigen respuestas a EEUU y le impugnan
responsabilidad por alentar ese tipo de ataques.
Para quienes
siguen los hilos de la política internacional, ningún suceso acontecido
alrededor de un mismo fenómeno es fruto de la casualidad.
Cuba, inmersa en
el agravamiento de su endeble economía a consecuencias de la crisis sanitaria
del coronavirus, aprovechó las medidas de aislamiento social para arreciar la
represión contra periodistas, artistas independientes y activistas, con la
implementación de un decreto ley [370] incluido en su Código Penal en 2019,
identificado como Ley Azote, por cuya aplicación ha sido denunciada ante
organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asimismo,
camuflado en las medidas de confinamiento, el régimen de La Habana la emprendió
contra los trabajadores privados y en la medida que efectúa decomisos e impone
multas, aniquila el incipiente sector de negocios independientes que había
logrado sobrevivir.
En Venezuela, más
allá del inminente alzamiento militar que muchos vaticinan y promueven, los
atisbos de estallidos sociales en las barriadas más pobres son cada vez más
frecuentes, mucho más por el avance de una pandemia que ha profundizado la crisis
y el irrespeto a los derechos elementales.
No es de
extrañar, sin embargo, que la inclusión de Cuba y Venezuela en la lista de
naciones que no cooperan para combatir el terrorismo haya sido recibida en La
Habana y Caracas con aparente “sorpresa”. En ambos casos el escenario para
levantar cortinas de humo y desviar la atención de la noticia se había estado
preparando.
Por teoría de
probabilidades, muchas señales apuntan a que Díaz-Canel y Maduro esperaban por
anticipado el dictamen emitido por Washington, y les llegó el turno de hacerse
los ofendidos.
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