La situación económica que enfrentan la mayoría de presos políticos
excarcelados por el régimen orteguista es precaria. Sufren falta de empleo
formal y limitaciones para desarrollar otras actividades en el sector informal
por el asedio policial, de paramilitares y “sapos” (militantes del Frente
Sandinista) en sus comunidades.
Kevin Pérez, de Estelí, manifiesta que es difícil
encontrar un trabajo formal porque las empresas piden récord de policía y este
les aparace manchado. También, en muchos de los casos no tienen cédula porque
se las quitaron cuando los capturaron, y ahora no tienen dinero para reponerla
porque están en desempleo.
“Es bastante difícil la situación que enfrentamos porque
tenemos hijos menores que mantener. Nosotros buscamos el mercado informal para
sostenernos, pero nos ataca el asedio de los paramilitares y la policía”, dijo
Pérez, quien tiene dos niñas menores que mantener.
Antes del 19 de abril de 2018, día de la insurrección del
pueblo de Nicaragua, Kevin se dedicaba a vender ropa en las comunidades. Para
esto tenía una moto en la que se trasladaba para entregar mercadería y cobrar,
pero la policía se la quitó y aun no se la regresa.
De igual forma las hermanas Ana Patricia y Yolanda Sánchez Moraga, condenadas en la causa
conocida como Juntos somos un Volcán, dijo que ellas se mantienen con la
pensión de su papá, porque no las dejan trabajar. La policía hasta se ha metido
en su vivienda a revisar para mantenerlas presionadas.
El profesor Juan Bautista Guevara Carballo de Ticuantepe
expresó que su situación es similar a la de los otros autoconvocados
excarcelados porque no puede salir de su casa para trabajar, ya que la policía
llega a rodearle su propiedad tres veces al día.
“Es un infierno, hacen fotos y videos, tres veces al día.
Aquí no puedo ni salir a la puerta. La situación está dura con tres hijos en
edad escolar que mantener y los medios de subsistencia dañado (mototaxi) y
enfermo del oído por los meses que pasé en esas mazmorras del Chipote y ni se
diga de mi situación mental, padezco de insomnio de tantas torturas que me
hicieron”, dijo Guevara.
Mientras en Masaya, las familias afectadas por la policía
orteguista son muchas, entre ellas la de los excarcelados José Lázaro
García López y la familia de Dany
García, a quienes les cerraron sus talleres de pólvora que tenían más de 45
años de funcionar y ahora no tienen medio de subsistencia.
“Nuestros negocios por décadas estaban al día
con matrículas y pago de impuestos y permisos para funcionar hasta para el
2020, pero con el cuento que somos golpistas allanaron nuestras casas y se nos
robaron todo el material y las herramientas de trabajo. Ahora subsistimos por
la misericordia de Dios”, dijo García.
Los talleres cerrados por el orteguismo son Taller
pirotécnico La Estrella y San Antonio.
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