Tomado de Confidencial / El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se arriesgará a pagar
las consecuencias internacionales de expropiar a ciudadanos extranjeros, según
The Economist Intelligence Unit (EIU), en su último informe sobre Nicaragua.
La
publicación además reitera que el único punto vulnerable de la dictadura es su
exposición a las sanciones de Estados Unidos.
“La prioridad más apremiante del Gobierno será frenar el
deterioro económico en curso, pero ganar la confianza de los inversores, en
medio de la agitación política y la falta de fe en el estado de derecho, será
extremadamente desafiante”, razona EIU, propiedad del grupo británico de The
Economist.
En este sentido, explica que el “riesgo de expropiación
para las empresas de propiedad extranjera sigue siendo limitado”, ya que el
Gobierno es firmante del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica
(DR-CAFTA), que protege a los inversionistas extranjeros contra las
expropiaciones.
“El gobierno nicaragüense no arriesgará su pertenencia en
el DR-CAFTA, dada la confianza de Nicaragua en un modelo de desarrollo
orientado a la exportación”, afirma la publicación británica.
EIU destaca que las tomas de tierras “han sido un hecho
significativo desde el inicio de la crisis política”, en abril de 2018. Sin
embargo, aclara que las expropiaciones “han tenido un alcance limitado y
parecen estar destinados a socavar a los oponentes domésticos”.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
(Upanic) ha denunciado que el régimen mantiene ocupadas ilegalmente unas 29
propiedades en siete departamentos del país, que representan un área de más de
4 600 manzanas.
Michael Healy, presidente de Upanic, señaló en abril
pasado que las 29 propiedades pertenecen a 18 ciudadanos, de estos 14 son
nicaragüenses y el resto estadounidenses.
Durante la crisis de 2018, simpatizantes orteguistas
llegaron a tomarse más de 9 800 manzanas de tierras.
La publicación británica recalca que el riesgo político
continúa “extremadamente alto”, ya que la dictadura “está bajo creciente
presión de actores nacionales e internacionales”.
Sobre el escenario internacional, EIU resalta dos fechas
claves en junio: el 20 y 26. En ambas, el régimen podría ser castigado y
Nicaragua perdería el acceso a préstamos multilaterales.
El 20 de junio, el departamento de Estado y el del Tesoro
de EE.UU. presentarán ante el Congreso, un informe sobre los derechos humanos y
la democracia en Nicaragua. “Si consideran insuficiente lo que se ha avanzado
en esos frente, se pueden aplicar nuevas sanciones”, subraya.
El 26 de junio, inicia en Medellín, Colombia, la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde los Estados
miembros “evaluarán la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para
Nicaragua, que expulsaría a este último del organismo regional”.
Pese a este adverso escenario político, Ortega “no muestra
ninguna voluntad de forjar una resolución negociada de la crisis”, según la
publicación, que añade que la pareja presidencial “ha adoptado un enfoque cada
vez más autoritario”.
“Los límites del mandato presidencial han sido eliminado
y el Gobierno ejerce una fuerte influencia sobre todas las instituciones
públicas. El FSLN ha utilizado su mayoría legislativa para fortalecer los
poderes presidenciales, así como la (ya fuerte) aparato de seguridad estatal”,
describe.
Como en previos análisis, el centro británico pronostica
que Ortega o cualquiera que él designe se mantendrán en el poder hasta 2022
—cuando toca cambio de Gobierno—, aunque aclara que su predicción puede fallar
ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
“La escena política es altamente volátil y existen
riesgos sustanciales para nuestro pronóstico. Una de las principales
vulnerabilidades del régimen de Ortega es su exposición a las acciones de los
Estados Unidos”, resalta el informe.
Recuerda que la administración estadounidense ya ha
sancionado a altos rangos dentro del Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta y
primera dama. En su última ronda de sanciones, en abril pasado, el Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo de la
pareja dictatorial, y al Banco Corporativo SA (BanCorp), brazo financiero del
régimen.
Como consecuencia de esa sanción, el BanCorp informó su
cierre definitivo a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (Siboif), a finales de abril.
Sobre este tema, EIU enfatiza que “dado su aislamiento
financiero, el cierre de Bancorp no tendrá un impacto más amplio en el resto
del sistema bancario”.
“Sin embargo, el cierre de Bancorp significará que habrá
una reducción adicional en el nivel de dólares estadounidenses dentro del
sistema bancario. En consecuencia, ahora esperamos que las reservas extranjeras
se ubiquen en 1.8 mil millones de dólares a fines de 2019, en comparación con
los 2.0 mil millones de dólares”, indica.
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