Miami Florida / AP - América
Latina ha vivido uno de sus años más convulsos desde la restauración
democrática que puso fin a los regímenes militares iniciados en los 60 y los
70.
Esta vez, los protagonistas han sido ciudadanos anónimos que se han echado
a las calles con demandas de todo tipo, desplazando a líderes como el
presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
En los primeros
días de 2019 parecía claro que Venezuela iba a seguir dominando la escena
regional. El 23 de enero, un desconocido Guaidó --incluso para los propios
venezolanos-- asumió como presidente encargado del país con el objetivo
declarado de impedir que el dictador Nicolás Maduro completara el segundo
mandato.
Guaidó remeció un
panorama político que se había estancando tras el colapso del diálogo en
República Dominicana y las elecciones presidenciales de 2018, abriendo una
nueva vía de solución que recabó inmediatamente el apoyo de toda la oposición
venezolana y de gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos,
casi todos los países latinoamericanos y numerosos europeos, entre ellos
España.
En unos meses
frenéticos, logró que sus socios internacionales enviaran ayuda humanitaria e
intentó que entrara en Venezuela por Colombia; envió embajadores allí donde se
le había reconocido como mandatario legítimo; y, en el punto álgido, el 30 de
abril capitaneó un golpe militar que fracasó pero permitió liberar al líder
Leopoldo López, ahora "huésped" en la Embajada de España en Caracas.
Guaidó se embarcó
en las cuartas negociaciones con Maduro desde la muerte de Hugo Chávez, en
2013, que naufragaron --según relatos posteriores-- por las sanciones
estadounidenses. Desde entonces, Venezuela sufre otro impasse. La única baza es
un acuerdo entre Maduro y la oposición minoritaria que ha propiciado la
liberación de presos políticos y la vuelta de los chavistas a la Asamblea
Nacional y apunta a renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El propio Guaidó
es consciente de que no ha colmado las expectativas. "Como muchos de
ustedes, para estas fechas también esperaba que hubiéramos logrado el cese de
la usurpación", confesó en un discurso pronunciado el 11 de diciembre, en
el que convocó a toda la oposición venezolana para fijar una hoja de ruta con
la que desahuciar a Maduro de Miraflores en 2020.
Sin embargo, cada
vez son más las voces que cuestionan el liderazgo de Guaidó. Según el enviado
especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, el chavismo se
estaría valiendo de las fisuras opositoras para impedir que el "presidente
encargado" sea reelegido el próximo 5 de enero. Si Guaidó pierde la
Presidencia de la Asamblea Nacional, perderá también su legitimidad como
mandatario interino.
Superada la
efervescencia venezolana, la segunda mitad del año ha estado marcada por la
protesta social. Perú dio el pistoletazo de salida el pasado mes de septiembre
cuando el Congreso se negó a aprobar la reforma política impulsada por el
Gobierno de Martín Vizcarra, precisamente, para cumplir la promesa que hizo a
los manifestantes que tomaron las calles el año anterior por los escándalos de
corrupción.
El Legislativo y
el Ejecutivo echaron un pulso que provocó la breve destitución de Vizcarra por
"incapacidad moral" para ejercer el cargo, un cambio de primer
ministro y un Congreso en funciones que intentó hacerse con el poder, si bien
militares, policías y manifestantes se alinearon con el Gobierno y forzaron la
vuelta a un statu quo --salvo para el ex primer ministro Salvador del Solar--
que se resolverá con unas elecciones parlamentarias el 26 de enero.
Ecuador recogió
el testigo de Perú el mismo septiembre. El presidente, Lenín Moreno, anunció un
'paquetazo' con los ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares que
incluía retirar los subsidios al combustible.
Transportistas y estudiantes
fueron los primeros en manifestarse, pero rápidamente se les sumó el movimiento
indígena, que terminó dirigiendo la protesta.
Diez personas
murieron por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad a
lo largo de dos semanas de protestas que alcanzaron tal virulencia que
obligaron a Moreno y su equipo a trasladar temporalmente la sede del Gobierno
desde Quito, la capital ecuatoriana, a la ciudad costera de Guayaquil.
El
inquilino del Palacio de Carondelet dio marcha atrás y se sentó con los
indígenas para negociar un nuevo 'paquetazo'.
Chile estalló el
17 de octubre. El detonante fue la cuarta subida del precio del Metro de
Santiago en poco tiempo, si bien la movilización popular creció hasta contagiar
otras ciudades como Valparaíso y Concepción y reclamar un cambio constitucional
para acabar con la desigualdad social.
El presidente,
Sebastián Piñera, reaccionó declarando el estado de emergencia, lo que dio pie
a un despliegue militar. Más de 20 personas murieron en los disturbios y se
cometieron graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas torturas,
según han denunciado la ONU y las ONG. Al final, Piñera admitió el
"error", pidió perdón, remodeló el Gobierno y anunció una "agenda
social", aunque solo un proceso constituyente ha calmado a los chilenos.
Bolivia es el
país donde los manifestantes han obrado el mayor cambio. Evo Morales dimitió el
10 de noviembre, después de que la auditoría electoral de la Organización de
Estados Americanos (OEA) confirmara "irregularidades" en los comicios
del 20 de octubre.
El líder indígena huyo a México, donde pasó casi un mes,
hasta que en diciembre recaló en Argentina, donde pretende quedarse como
refugiado.
Las marchas a
favor y en contra de Morales y los enfrentamientos entre manifestantes y con
las fuerzas de seguridad convirtieron ciudades como El Alto en campos de
batalla. Más de 30 personas murieron. El expresidente boliviano asegura que
renunció al Palacio Quemado para evitar un baño de sangre, por lo que se siente
víctima de un "golpe de Estado".
Su lugar lo ocupa
ahora Jeanine Áñez, ampliamente cuestionada porque no respetó el procedimiento
sucesorio que la colocó en la cúspide del poder desde su antiguo cargo de
vicepresidenta del Senado.
El MAS de Morales y el nuevo oficialismo han llegado
a un acuerdo en la Asamblea Legislativa para celebrar otras elecciones
presidenciales en 2020, con un veto expreso al político izquierdista, que se
limitará a dirigir la campaña desde Buenos Aires.
Colombia se
apuntó a la ola de protestas el 21 de noviembre. Los colombianos fueron a la
huelga con una miríada de exigencias que iban desde el cumplimiento del acuerdo
de paz con las FARC hasta mejoras laborales o leyes anticorrupción.
Dilan Cruz,
un joven de 18 años, murió días después al ser alcanzado en Bogotá por una
granada aturdidora de la Policía, convirtiéndose en el icono de la movilización
contra el Gobierno de Iván Duque. Al menos otras dos personas han fallecido.
Duque ofreció una
"gran conversación nacional" que abarcara a todos los sectores de la
sociedad para forjar un nuevo pacto entre colombianos. Sin embargo, el Comité
del Paro reclamó exclusividad en las negociaciones y la Casa de Nariño cedió.
Desde
entonces, Colombia ha recuperado una normalidad que se caracteriza por la
violencia que resurgió tras firmar la paz en 2016 y que ya se ha cobrado la
vida de más de 700 activistas y al menos 147 ex guerrilleros.
Con todo ello,
2020 se configura como un año clave para sofocar los polvorines abiertos en
2019, con especial atención a la enquistada crisis venezolana, la nueva
Constitución de Chile y el proceso electoral en Bolivia.
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