La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó
"traidores" y "cobardes" este viernes a algunos de los ex
guerrilleros sandinistas que hace 45 años liberaron de la cárcel a su esposo,
el presidente Daniel Ortega, y que hoy no comparten su estilo de gobierno.
Murillo emitió su
desprecio hacia los exguerrilleros durante una alocución en la que recordó que
un día como hoy en 1974 los ex guerrilleros ejecutaron el operativo conocido como
"asalto a la casa de Chema Castillo", que sirvió para la liberación
de Ortega.
"Son unos
'puchos' (pocos) los traidores, los cobardes, los que se rindieron por menos de
30 monedas, los judas que por cinco bollos entregaron el alma al diablo,
vendieron el alma al diablo", expresó la primera dama.
Entre los
ex guerrilleros que participaron en la operación que liberó a Ortega, y que con
el tiempo se distanciaron del presidente, están Carlos Brenes y Hugo Torres,
este último, uno de los que dirigió la estrategia.
Brenes, coronel
retirado de las Fuerzas Armadas, y Torres, general de brigada retirado, han
afirmado que el Gobierno de Ortega es "peor" que la dictadura de
Anastasio Somoza Debayle, al que derrocaron en 1979, y han participado de forma
activa en protestas antigubernamentales.
"A los que
traicionan sólo les queda la vergüenza de haberle vendido el alma al
demonio", dijo Murillo, quien agregó que "Jesucristo nos enseñó a
querer, a amar".
El caso de Brenes
fue notorio en 2018 porque Ortega, el hombre al que una vez sacó de la cárcel,
lo mantuvo arrestado más de diez meses por rechazar su Gobierno.
Las diferencias
de Murillo y Ortega contra sus antiguos libertadores se dan en el marco de una
crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, ha dejado cientos de presos,
muertos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Nicaragua no
vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, también con Ortega en la
Presidencia.
"Los caminos
que emprendimos hace décadas ahí están, los vamos recorriendo, y vamos
victoriosos", dijo Murillo.
Según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto en
el marco de la crisis, cuya violencia atribuye al Gobierno.
Organizaciones
humanitarias locales cuentan hasta 651 muertos. Ortega reconoce 200, y ha
explicado que se defiende de un "golpe de Estado fallido".
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