
La médica
nicaragüense se toma muy en serio la amenaza de la covid-19, incluso desde
antes que el Gobierno de Daniel Ortega reportó el primer caso positivo el 18 de
marzo. Sin duda mucho más que el presidente del país, que ha llegado a estar
ausente durante 34 días.
La doctora Karen
Ojeda Peralta se planta en la entrada de su clínica en posición marcial. Con el
pequeño atomizador que antes contenía un producto para el pelo, apunta a los
zapatos de sus pacientes. Rocía las suelas con alcohol y solo así relaja la
postura, y los deja ingresar al consultorio, donde enseguida les aplica en las
manos gel antibacterial.
La médica nicaragüense se toma muy en serio la amenaza
de la covid-19, incluso desde antes que el Gobierno de Daniel Ortega reportó el
primer caso positivo el 18 de marzo. Sin duda mucho más que el presidente del
país, que ha llegado a estar ausente durante 34 días.
Ojeda Peralta no
es epidemióloga, pero está segura de que el coronavirus en Nicaragua será
catastrófico ante la inacción preventiva del Gobierno. En su consultorio
ginecológico ubicado en el barrio de Altagracia, en Managua, la doctora va
acopiando mascarillas N-95, trajes protectores, lentes, batas descartables y
cajas de guantes de látex.
“Cuando la
capacidad del sistema de salud se supere, y pase lo de Ecuador, van a llamar
incluso a todos los médicos privados para que brindemos atención”, plantea. La
doctora Ojeda Peralta está decidida a acudir a los hospitales cuando llegue el
momento, aunque ni su madre ni su esposo desean que acuda. “Ellos me dicen que
piense en mis hijos… Pero yo le dije a mi familia que soy médica, no una
cajera. No puedo quedarme en casa cuando todo empeore.
Es mi deber”,
asegura. La doctora critica que el Gobierno sandinista promueve aglomeraciones,
no declare cuarentena, y que el Ministerio de Salud no realice las pruebas
suficientes para determinar el avance real del virus. Y, sobre todo, condena
que a sus colegas en los hospitales públicos no les permitan usar equipo de
protección para atender a los pacientes.
Nicaragua padece
“ceguera epidemiológica”. Esa es la conclusión de los expertos, ya que las
autoridades sanitarias no realizan un muestreo masivo. Las alarmas se han
disparado en los hospitales por un brote de “neumonías atípicas”.
El mismo
Ministerio de Salud reveló que hasta el mes de marzo contabilizaron 24.107
casos por “neumonía” y 70 muertes por la misma patología. Los neumólogos
denuncian que a estos pacientes no les realizan la prueba de la covid-19 y que
Nicaragua cuenta con apenas 160 respiradores, de los cuales un 80% está en uso.
El Gobierno ha
decidido no decretar cuarentena, porque los voceros sanitarios han catalogado
la medida como “alarmante y extremista”. El mismo presidente, Daniel Ortega,
minimizó el impacto de la pandemia en Nicaragua el 15 de abril, tras aparecer
después de 35 días de ausencia. El mandatario argumentó razones económicas para
no aislar al país de 6,3 millones de habitantes y aseguró que el sistema de
salud está preparado “en un 90%” para enfrentar la epidemia, tanto a nivel de
capacidad y en su reserva de medicamentos.
“Estamos
desprotegidos. No se ha visto un liderazgo”, afirma Ojeda Peralta cuando le
pedimos que califique la gestión gubernamental. “Si como Gobierno no decís lo
que pasa en realidad, la gente no va a entender la magnitud del problema”,
agrega.
La ginecóloga sortea la escasez buscando mascarillas N-95 y trajes
protectores en el Marketplace de Facebook y otros sitios que abren las puertas
al mercado informal. No es lo ideal, pero es lo que hay. Los inventarios de las
empresas formales han quedado vacíos debido a la vorágine de ciudadanos que
compraron mascarillas, guantes y alcohol, pese a que el Gobierno no dictó
orientaciones al respecto.
Los nicaragüenses
se impusieron una cuarentena voluntaria y adoptaron las mascarillas como
condición sine qua non para salir a las calles. Sin embargo, hace unas semanas
varios ciudadanos denunciaron que fueron agredidos físicamente por
simpatizantes del Gobierno, quienes les arrancaron los tapabocas con el grito
de “no son necesarios”. Aunque estos episodios aturden a la población, la
demanda por mascarillas no cesa.
“Cuando encuentro
mascarillas o guantes, de inmediato llamo a mis colegas en los hospitales y les
digo tengo tal cosa. Entonces las compro y se las llevo, porque el Minsa no les
proporciona el equipamiento adecuado”, relata Ojeda Peralta. Un juego de
mascarilla N-95, un traje de protección, lentes, guantes, bata y otros insumos
cuesta entre 30 y 40 dólares (unos 30 euros) en el mercado informal.
Debido a
la avalancha de críticas, el Gobierno ha anunciado esta semana que Taiwán donó
280.000 mascarillas para “reforzar el trabajo y garantizar la protección” del
personal de la salud.
“Los médicos en
este país estamos solos. Aunque no logremos comprar todo el equipo adecuado, al
menos intentamos estar lo más preparados posible para cuando llegue lo peor y
nos llamen”, confía la ginecóloga. Está convencida de que la llamada será
pronto.
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