Tomado de Deutsche
Well. En Nicaragua, país socio de la Unión Europea (UE), se ha despedido esta
semana a personal médico y sanitario que había denunciado la ausencia de medidas
de parte del Gobierno nicaragüense para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
La noticia cae
mal en una Bruselas que pretende liderar los esfuerzos internacionales para
recabar fondos internacionales con vistas a la prevención y al tratamiento de
la
pandemia. "Es inaceptable que se esté desprotegiendo la salud pública
de sus propios ciudadanos y que se despida a personal médico por denunciar la
existencia de enfermos con COVID-19 en hospitales donde no se declara su
ingreso", dice a DW Soraya Rodríguez, eurodiputada española.
"Por otro
lado, las cifras oficiales son difíciles de creer. Pero de ser ciertas, si con
doce afectados hay tres fallecidos, Nicaragua sería el país la tasa de
mortalidad más alta", agrega Rodríguez, que integra la comisión de Relaciones
Exteriores y la de Salud Pública en la Eurocámara.
Desde que comenzó
la crisis política y social en abril de 2018, Nicaragua ha sido objeto de
pronunciamientos desde las instituciones europeas. A una delegación del
Parlamento Europeo se le permitió la entrada en enero de 2019 y pudo formarse
un cuadro real de la situación en base a encuentros con diferentes actores
sociales.
En ese momento se
abogaba por la liberación de los presos políticos, por el cese de la represión
y por cumplir los acuerdos que se habían logrado con la oposición. La falta de
avances llevó, en octubre de 2019, a que el Consejo –los en ese entonces 28
jefes de Estado y de Gobierno– aprobaran la posibilidad de tomar medidas
coercitivas contra miembros del Gobierno Ortega-Murillo. Pero, en realidad,
nunca entraron en vigor.
Para abril de
2020, "no se han hecho avances tangibles en la democracia y los derechos
humanos en Nicaragua. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados
progubernamentales siguen reprimiendo a opositores, manifestantes, periodistas,
organizaciones de la sociedad civil y a miembros de la Iglesia Católica",
dice un reciente comunicado del Alto Representante de la Política Exterior de
la UE, Josep Borrell.
En el comunicado
se mantienen mismos puntos de octubre de 2019: la liberación de los presos
políticos, el regreso de las instituciones internacionales de derechos humanos
y el cumplimiento de la hoja de ruta hacia unas elecciones justas y libres.
Al discurso
conocido se agrega la crisis de la COVID-19: "La pandemia del coronavirus
es una crisis de salud pública y más que requiere más que nunca que la
solidaridad y los derechos humanos guíen las acciones conjuntas", dice el
comunicado.
De sanciones no
se habla. ¿No es el momento? "La situación lejos de mejorar ha empeorado.
Pero a ello se suma la pandemia y la ausencia de cualquier tipo de medida para
proteger la salud. Esto es lo prioritario ahora", sigue Rodríguez.
Hasta esta
semana, Nicaragua era el único país de América Central que no había adoptado
medidas de confinamiento ni de controles fronterizos ni de suspensión de
asistencia escolar. Si bien esta semana, desde el Gobierno, se anunció que
habría campañas de información para protegerse de la epidemia, en concreto poco
se ve, dicen organizaciones locales.
Esta negación de
la pandemia pone en riesgo no sólo al pequeño país centroamericano, sino a toda
la región. En esa medida, ¿qué se puede hacer desde las instituciones europeas
para lograr un cambio de actitud?
"El Servicio
Europeo de Acción Exterior tiene mecanismos y debemos ponerlos en marcha",
responde Rodríguez. Hay que recordar que la UE sigue siendo el principal
donante de fondos de cooperación en Nicaragua.
En la información
oficial de DEVCO, la agencia de desarrollo europea, consta la dificultad de implementar
proyectos debido al afán de control y a la falta de voluntad de cooperación por
parte del Gobierno. Sin embargo, se mantienen los proyectos en el sector
productivo rural, en la formación profesional y en la adaptación al cambio
climático.
"En esta
situación, que ha podido con los sistemas sanitarios más fuertes del mundo,
tenemos que dar pasos para proteger la salud pública de los más vulnerables.
También para paliar las consecuencias económicas y sociales que va a traer
esto", sigue Rodríguez.
En su opinión entre los pasos urgentes que hay que
dar es la protección de esas voces que denuncian los posibles contagios, que
desde la institucionalidad se pretende ocultar.
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